Archivo mensual: octubre 2015

CASTOR INDEMNIZACION INMERECIDA

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Conviene no dejar en el tintero el importante matiz del por qué no corresponde a la ciudadanía cargar con la indemnización de 1.300 millones de euros a ESCAL UGS a través del recibo del gas durante 30 años, que sobrepasarían los 4.000 millones €, como establece el Real Decreto 13/2014 de 3 Octubre REDACTADO CON URGENCIA ex profeso, sino que corresponde a los responsables de la chapucera tramitación (incluyendo a la propia ESCAL UGS que presuntamente forzaría la aprobación irregular de la planta) al paralizarse la actividad por causa no prevista en el Real Decreto 855/2008 de 16 de Mayo en su artículo 14 según el que indemnizaría el Estado en caso de paralización de la actividad por defecto en la construcción cuando la causa de la hibernación de la misma ha sido otra, NO PREVISTA, ajena a la calidad de la construcción….(indemnización que es ejemplo anticipado de las que prevé el TTIP abonar por los Estados a las multinacionales a las que se pongan cortapisas a sus proyectos, o que éstos fracasaran, tal como intenta aprobar el TTIP ).,

Un agravio comparativo se provoca no indemnizando por la misma regla de tres a los fabricantes de energías renovables a cuyas empresas el Ministerio de Soria no indemniza por el cierre al que las obligó.

A la acusación popular en el proceso judicial  ARCA IBERICA, irrita saber que los tres imputados “profesionales” que han declarado ante el Juez digan no conocer a ciencia cierta las consecuencias del informe que ellos mismos elaboraron sobre el Castor, a pesar de que fueron advertidos mediante informe del Observatorio del Ebro que no tuvieron en consideración por no considerarlo “entidad científica”, y sin embargo dieran por buena la chapuza técnica aprobada.
Los chapuceros eran nada menos que el coordinador del Informe del IGME, D. Jesús Gómez de las Heras; el Director de Recursos Minerales y Geoambiente del Instituto Geológico y Minero, D. José Antonio Fernández Sánchez y el Director del departamento de Geología y Geofísica del IGME, D. Roberto Rodríguez Fernández, como para fiarse de los técnicos y profesionales de nuestros Estamentos Públicos.

Cuando es tarde, el CSIC se lamenta que “si se hubiera consultado a los técnicos, se hubiera evitado las consecuencias….” pues a algún profesional se consultaría cuando la empresa promotora del Castor, ESCAL UGS, precavidamente financió años después, en 2010, la instalación de un sismógrafo en Alcalá de Xivert a 40 km de Vinaroz.

Presuntos encubrimientos interesados afloran por no asumir responsabilidad.

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CASTOR SUS RESPONSABLES DECLARAN EN JUZGADO DE VINAROZ

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La ASOCIACIÓN NACIONAL ARCA IBÉRICA, en las Diligencias Previas Número 140/2015, ante el Juzgado de Vinaroz se opuso el pasado 3 de Septiembre a la declinatoria propuesta por el representante procesal de no juzgar en Vinaroz las responsabilidades de la aprobación del Castor trasladando la asunción del asunto al Juzgado de Instrucción de Madrid por la presunta comisión de una serie de hechos que revestirían los caracteres de tres delitos de prevaricación medioambiental, previstos y penados en el artículo 329 cuya la pena privativa de libertad señalada al mismo es la de seis meses a tres años de prisión, y de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, contemplado en los arts. 325 y 326, todos ellos del Código Penal en su redacción previa a la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo cuya pena señalada al mismo, es de dos a cinco años de prisión y multa de ocho a veinticuatro meses, pudiendo imponerse la pena superior en grado ( esto es, por lo que se refiere a la pena privativa de libertad, prisión de cinco años y un día a siete años y seis meses ) si concurriere el subtipo agravado que contempla su apartado 2º in fine ( grave riesgo para la salud de las personas ).

Arca Ibérica piensa que trasladando el representante procesal del Juzgado de Vinaroz al de Madrid las Diligencias de Investigación , intenta presuntamente eludir se juzgue a los responsables del Castor por delito medioambiental los hechos acaecidos en Vinaroz y se les penalice por dicho delito al ser la pena superior a la resultante de juzgarse por el delito de prevaricación medioambiental, cuando en opinión del promotor de la declinatoria, “el Juzgado de Instrucción de Vinaroz carece de competencia territorial para el conocimiento de las diligencias” al considerar que “tratándose de delitos habiéndose cometido presumiblemente en el territorio correspondiente al partido judicial de Madrid capital, en su fase de investigación correspondería en todo caso a los Juzgados madrileños pues entiende que el delito contra el medio ambiente que se le imputa – habida cuenta de su naturaleza de delito de peligro o mera actividad que, por tanto, no requiere para su consumación de la producción de resultado lesivo alguno – se habría consumado desde el momento en que los miembros del Consejo de Administración de ESCAL UGS, S.L no tomaron la decisión de paralizar o reducir el caudal de la inyección de gas colchón, después de recibir la comunicación del Observatorio del Ebro y desde el momento en que no tomaron la decisión de comunicar ciertos hechos a la Administración cuando fueron requeridos para ello por lo que la competencia territorial para el conocimiento de las actuaciones en curso correspondería en todo caso a los órganos judiciales competentes del partido judicial en el que encuentra su ubicación el domicilio de ESCAL UGS, S.L.es decir, en Madrid”.

“Otro tanto sucede con los delitos de prevaricación medioambiental que se imputan a diversas personas que ostentan cargos y desempeñan funciones públicas en distintos órganos administrativos ( IGME, Dirección General de Política Energética y Minas y Dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental ) y que, en atención a la ubicación de las sedes físicas de los organismos a los que aquéllas pertenecen y en los que presuntamente se habrían desarrollado las conductas sospechosas de criminalidad, deben ser investigados según sostiene la contraparte por los referidos Juzgados de Instrucción de Madrid”.

Visto cuanto antecede ARCA IBERICA se felicita de haber sido satisfecha en su oposición a la declinatoria invocando los pertinentes argumentos, en evitación de que escurrieran el bulto los responsables de tanta irresponsabilidad al tener señalado el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente una pena privativa de libertad mayor a la señalada para el delito de prevaricación, el fuero principal de la gravedad de la pena que contempla el art. 18.1 de la LECRIM para el conocimiento de las causas por delitos conexos, impone la atribución de la competencia al órgano jurisdiccional del territorio en que se haya cometido el delito al que esté señalada pena mayor, esto es, el Juzgado de Instrucción de Vinaroz, por lo que el 19 de Octubre vendrá a declarar en Vinaroz el responsable del IGME, así como el día 20 y el 22 los demás.